Como jurista, no puedo ocultar mi profundo malestar al observar cómo se ha truncado la trayectoria profesional del Coronel Pérez de los Cobos debido a una continua y múltiple serie de actuaciones arbitrarias, promovidas desde el Ministerio del Interior, que han sido anuladas en hasta ocho ocasiones por el Tribunal Supremo por su evidente ilegalidad. Diego Pérez de los Cobos pasa hoy a la situación de reserva por cumplir la edad reglamentaria y no habérsele promovido al empleo de General, algo que el Gobierno tenía decidido que no iba a acordar, llevando a cabo, para tal fin, constantes ilegalidades, comenzando por su cese en 2020 de la jefatura de la Comandancia de Madrid -por no incumplir un mandato dado por la autoridad judicial a miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en la investigación de unos delitos-, y continuando con la reiterada modificación sin justificación legal alguna del procedimiento de evaluación para ascenso a General, en el que estaba inmerso, donde había obtenido del Consejo de Generales de la benemérita Institución la máxima puntuación en todas las aptitudes, consiguiendo ser el número 1 de los Coroneles evaluados en diversas ocasiones.

No voy a hablar de la persona -su amor a España, honor, integridad, sentido del deber y de la justicia, cumplimiento de la Constitución y del resto del Ordenamiento Jurídico como base de la paz, orden y convivencia, compañerismo y disciplina- ni tampoco de lo que ya han pronunciado los jueces en sus sentencias. Pero sí quiero hacer estas reflexiones como miembro del equipo jurídico que le ha acompañado en los diversos recursos contencioso-administrativos contra la actuación administrativa emanada del Gobierno hacia su persona, que no solo revela una preocupante falta de respeto hacia el Estado de Derecho, sino que también pone de manifiesto fallos del sistema jurídico que comprometen la tutela judicial efectiva y alimentan la corrupción política que encuentra cómplices en estructuras que toleran o fomentan la arbitrariedad.

En un sistema jurídico que se precie, las sentencias del Tribunal Supremo deberían ser el punto final de cualquier controversia. Su función no es solo garantizar la legalidad, sino también proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos los servidores públicos. Sin embargo, cuando estas decisiones carecen de eficacia práctica y permiten que persistan -o peor aún: que se perpetúen- actuaciones arbitrarias dirigidas a un objetivo único, algo está fallando. El caso que nos ocupa es un ejemplo alarmante de cómo el incumplimiento reiterado del contenido de las sentencias puede minar la confianza en las instituciones y perpetuar la ilegalidad de la actuación administrativa y la impunidad de quien de forma reiterada se burla de la Ley, del Tribunal Supremo y de las sentencias judiciales.

La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Su vulneración afecta no solo a las víctimas directas, sino también a la esencia misma de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando las sentencias judiciales se incumplen mediante nuevos actos administrativos igual de ilegales -así lo ha dicho el Tribunal Supremo-, se despoja a los ciudadanos de la protección que les garantiza el sistema y se abre la puerta a la anarquía jurídica quebrando el principio de seguridad jurídica.

Es fundamental que este tipo de situaciones se analicen y se corrijan de manera urgente: resulta indispensable fomentar una cultura de respeto hacia las decisiones judiciales y establecer mecanismos legislativos efectivos para eliminar el efecto perverso de la arbitrariedad en la Administración pública y garantizar el sometimiento de la misma a la legalidad.

Las sentencias de asuntos “que se ganan” no han de valer sólo para enmarcarlas, sino para corregir abusos y ofrecer el efecto pedagógico de lo que se ha de hacer y lo que no.  El Estado de Derecho no puede ser una ficción. Cuando las decisiones del Tribunal Supremo se convierten en papel mojado, todos perdemos. Es hora de reclamar un sistema en el que la legalidad y la justicia no sean meras palabras, sino pilares fundamentales que guíen la actuación de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de servir al bien común.

Santiago Milans del Bosch