Hoy se ha hecho público el fallo condenatorio a Alvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado. No se conoce la sentencia. Sobre ella no comento, pues. Pero adjuntamos este artículo publicado en la red Linkedin de nuestro socio codirector sobre el «esperpento» provocado por el empecinamiento del ahora condenado en no dimitir antes de la celebración del juicio oral.

Pensamientos de un jurista el domingo por la tarde

EL MINISTERIO FISCAL MERECE UNA DEFENSA… Y UNA REFORMA

Quienes hemos servido en el Ministerio Fiscal sabemos que su papel va mucho más allá dek ámbito penal: interviene en civil, contencioso, social, tutela a menores y personas vulnerables, y defiende la legalidad. Es esencial para el Estado de Derecho.

Fiscales y jueces comparten formación y oposición. En mi caso fueron dos oposiciones distintas, pero con la misma exigencia técnica. Por eso la mayoría de fiscales son juristas excelentes, discretos y conscientes de la trascendencia de su misión.

CUANDO UNA EXCEPCIÓN DAÑA A LA INSTITUCIÓN

El enjuiciamiento del Fiscal General del Estado por revelación de secretos ha provocado un profundo malestar en la carrera fiscal. No juzgo su culpabilidad, pero sí el daño institucional causado por su comportamiento público y la sombra de dependencia política respecto de quien lo nombró.

Muchos fiscales —en activo o en excedencia— se han sentido avergonzados, aunque quienes están en activo difícilmente puedan expresar libremente su opinión contra su jefe supremo.

UN “ERROR” QUE NUNCA DEBIÓ OCURRIR

En la vista oral intervino una fiscal jerárquicamente dependiente del acusado, teniéndolo enfrente con toga y puñetas que con dicha presencia, sentado en estrados, y vestimenta,le recordaba que “sigo siendo tu jefe, y ya sabes lo que significa esto”. Esa imagen compromete la apariencia de imparcialidad. El Fiscal General debió ser cesado desde el procesamiento, no para prejuzgar su culpabilidad, sino para proteger a la institución.

LA DEPENDENCIA POLÍTICA, EL PROBLEMA DE FONDO

España no puede seguir ignorando la dependencia orgánica del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno, todavía más grave cuando se plantea atribuirle el monopolio de la investigación. Mientras el Ejecutivo pueda designar y cesar libremente al Fiscal General, mientras los nombramientos discrecionales se hacen con desviación de poder -TS dixit- y por afinidades ideológicas, más que los méritos y capacidad, la institución seguirá expuesta a sospechas que dañan a miles de fiscales que sí honran su función.

DEFENDER AL MINISTERIO FISCAL ES EXIGIR SU INDEPENDENCIA

La reforma necesaria pasa por garantizar su autonomía institucional, despolitizar los nombramientos y reforzar su neutralidad.
La justicia no puede depender de afinidades políticas, sino de la ley, la técnica jurídica y la ética profesional.

Ese es el Ministerio Fiscal que España merece y que debemos preservar y fortalecer.