Como miembro de las carreras fiscal y judicial, en situación de excedencia, no puedo por menos que manifestar mi más profunda preocupación por la gravísima situación en la que se encuentra el Ministerio Fiscal en España, en particular con la permanencia en el cargo de un Fiscal General del Estado investigado por el Tribunal Supremo en una causa criminal y con sus dispositivos registrados por la policía judicial en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial, quien se resiste a dimitir. Esto no es una cuestión política, sino de decencia y credibilidad institucional.

Es fundamental trasladar a la opinión pública que, al estar implicado en una causa penal, debería asumir su responsabilidad y renunciar, máxime por la situación que genera en un cuerpo funcionarial de necesaria organización jerárquica. Su papel como Fiscal General, cuya parcialidad ha sido evidente en múltiples ocasiones (hasta el extremo de haber sido calificada su actuación en la promoción y nombramiento de la anterior Fiscal General y Ministra de Justicia como ilegal por “desviación de poder”) compromete la objetividad y el respeto hacia los fiscales que, con entrega y dedicación, desempeñan sus funciones con apego y defensa a la legalidad.

Con pleno respeto a la presunción de inocencia -y sin ser incompatible con ella- me sumo a quienes exigen su dimisión, dado que esta situación no tiene precedentes en ningún país democrático.

Santiago Milans del Bosch y Jordan de Urries