ANTES DE CONOCER LA CONDENA A QUIEN SE HA EMPEÑADO EN NO CESAR DEL CARGO DE FISCAL GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL CUAL COMETIÓ EL DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS
Hoy se ha hecho público el fallo condenatorio a Alvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado. No se conoce la sentencia. Sobre ella no comento, pues. Pero adjuntamos este artículo publicado en la red Linkedin de nuestro socio codirector sobre el «esperpento» provocado por el empecinamiento del ahora condenado en no dimitir antes de la celebración del juicio oral.
Pensamientos de un jurista el domingo por la tarde
EL MINISTERIO FISCAL MERECE UNA DEFENSA… Y UNA REFORMA
Quienes hemos servido en el Ministerio Fiscal sabemos que su papel va mucho más allá dek ámbito penal: interviene en civil, contencioso, social, tutela a menores y personas vulnerables, y defiende la legalidad. Es esencial para el Estado de Derecho.
Fiscales y jueces comparten formación y oposición. En mi caso fueron dos oposiciones distintas, pero con la misma exigencia técnica. Por eso la mayoría de fiscales son juristas excelentes, discretos y conscientes de la trascendencia de su misión.
CUANDO UNA EXCEPCIÓN DAÑA A LA INSTITUCIÓN
El enjuiciamiento del Fiscal General del Estado por revelación de secretos ha provocado un profundo malestar en la carrera fiscal. No juzgo su culpabilidad, pero sí el daño institucional causado por su comportamiento público y la sombra de dependencia política respecto de quien lo nombró.
Muchos fiscales —en activo o en excedencia— se han sentido avergonzados, aunque quienes están en activo difícilmente puedan expresar libremente su opinión contra su jefe supremo.
UN “ERROR” QUE NUNCA DEBIÓ OCURRIR
En la vista oral intervino una fiscal jerárquicamente dependiente del acusado, teniéndolo enfrente con toga y puñetas que con dicha presencia, sentado en estrados, y vestimenta,le recordaba que “sigo siendo tu jefe, y ya sabes lo que significa esto”. Esa imagen compromete la apariencia de imparcialidad. El Fiscal General debió ser cesado desde el procesamiento, no para prejuzgar su culpabilidad, sino para proteger a la institución.
LA DEPENDENCIA POLÍTICA, EL PROBLEMA DE FONDO
España no puede seguir ignorando la dependencia orgánica del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno, todavía más grave cuando se plantea atribuirle el monopolio de la investigación. Mientras el Ejecutivo pueda designar y cesar libremente al Fiscal General, mientras los nombramientos discrecionales se hacen con desviación de poder -TS dixit- y por afinidades ideológicas, más que los méritos y capacidad, la institución seguirá expuesta a sospechas que dañan a miles de fiscales que sí honran su función.
DEFENDER AL MINISTERIO FISCAL ES EXIGIR SU INDEPENDENCIA
La reforma necesaria pasa por garantizar su autonomía institucional, despolitizar los nombramientos y reforzar su neutralidad.
La justicia no puede depender de afinidades políticas, sino de la ley, la técnica jurídica y la ética profesional.
Ese es el Ministerio Fiscal que España merece y que debemos preservar y fortalecer.
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LA DEFENSA PÚBLICA DE ÁLVARO GARCÍA ORTIZ: INCOMPATIBLE CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD
Nuestro codirector Santiago Milans del Bosch ha publicado en la plataforma jurídica LAW&TRENDS un artículo jurídico sobre el inmediato juicio a Álvaro García Ortíz acusado por delitos cometidos en el abusando de su cargo como Fiscal General del Estado.
Vaya por delante el respeto a la presunción de inocencia.
Pero lo que llama la atención es que se trata de un caso muy especial, donde la imagen -y la realidad- que se da daña de forma clamorosa el principio de igualdad: su abogado defensor lo costeamos entre todos los españoles con dinero público; y el representante del Ministerio fiscal -dependiente orgánico y directo de él- no le acusa.
Agradecemos al periodista de tribunales Luisja Sánchez esta oportunidad de escribir en temas de plena actualidad.
adjuntamos el link para acceder a dicha publicación:
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TRAS EL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL CONTRA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Nuestro codirector del despacho, Santiago Milans del Bosch, expone en un artículo publicado en ECONOMIST&JURIST las cuestiones éticas y jurídicas que surgen tras dicho auto que pone en tela de juico la credibilidad de quien ostenta dicho cargo. Agradecemos al periodista de investigación jurídica, Luis Javier Sánchez, por contar con esta opinión de quien ha ejercido durante muchos años de Fiscal y de Magistrado.
Adjuntamos el link que da acceso a dicho artículo:
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Comunicado del socio Santiago Milans del Bosch
Como miembro de las carreras fiscal y judicial, en situación de excedencia, no puedo por menos que manifestar mi más profunda preocupación por la gravísima situación en la que se encuentra el Ministerio Fiscal en España, en particular con la permanencia en el cargo de un Fiscal General del Estado investigado por el Tribunal Supremo en una causa criminal y con sus dispositivos registrados por la policía judicial en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial, quien se resiste a dimitir. Esto no es una cuestión política, sino de decencia y credibilidad institucional.
Es fundamental trasladar a la opinión pública que, al estar implicado en una causa penal, debería asumir su responsabilidad y renunciar, máxime por la situación que genera en un cuerpo funcionarial de necesaria organización jerárquica. Su papel como Fiscal General, cuya parcialidad ha sido evidente en múltiples ocasiones (hasta el extremo de haber sido calificada su actuación en la promoción y nombramiento de la anterior Fiscal General y Ministra de Justicia como ilegal por “desviación de poder”) compromete la objetividad y el respeto hacia los fiscales que, con entrega y dedicación, desempeñan sus funciones con apego y defensa a la legalidad.
Con pleno respeto a la presunción de inocencia -y sin ser incompatible con ella- me sumo a quienes exigen su dimisión, dado que esta situación no tiene precedentes en ningún país democrático.
Santiago Milans del Bosch y Jordan de Urries
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