La Fiscalía General del Estado ha publicado el 21 de septiembre de 2017 la Circular 3/2017, sobre la reforma del código penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo en relación con los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los delitos de daños informáticos.

Las modificaciones introducidas en el Código penal en estas tipologías delictivas son consecuencia de la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2013/40/UE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información. Pero las novedades incorporadas en los tipos penales concernientes a los delitos de descubrimiento y revelación de secretos obedecen también a la voluntad del Legislador de ofrecer respuesta penal ante determinados comportamientos, concretamente los relacionados con la divulgación de imágenes o grabaciones de una persona que, aun obtenidas con su consentimiento, se difunden contra su voluntad afectando gravemente a su intimidad personal.

Por su interés, se adjunta y publica en esta Web la citada Circular 3/2017.

En MILANS DEL BOSCH ABOGADOS, comprometidos con la Justicia y la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo, no podemos por menos que mostrar nuestro gran dolor, repulsa y solidaridad con las víctimas del atentado terrorista de Barcelona (fallecidos y heridos, sus familiares y allegados).

Los terroristas (materiales e ideológicos: inductores y encubridores) han de ser perseguidos y juzgados por sus actuaciones intrínsecamente perversas, del todo incompatibles con el sagrado derecho a la vida de todo ser humano, la libertad y el derecho a vivir en paz, y que el propio derecho internacional califica, por su gravedad, como imprescriptibles (con vinculación al Estado español incluso antes de su incorporación en el código penal).

En estos momentos, aparte de esta manifestación institucional, invitamos a nuestros clientes, amigos y seguidores a colaborar con la ayuda material que se precise (aportación de información para la localización de los responsables, donación de sangre, etc) y, también, con la espiritual (la oración por el descanso eterno de los fallecidos, la recuperación de los heridos y el consuelo de los familiares y allegados).

Acaba de publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de julio de 2017 la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.

La protección de los intereses financieros de la Unión es un elemento fundamental para consolidar e incrementar la confianza de los ciudadanos y garantizar que el dinero de los mismos se utilice correctamente. Se trata asimismo de supervisar y controlar la actividad de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y prestar apoyo a su lucha contra las irregularidades y los fraudes en la ejecución del presupuesto de la Unión.

En esta línea, la Directiva considera que es esencial seguir aproximando el Derecho penal de los Estados miembros complementando la protección de los intereses financieros de la Unión que proporcionan el Derecho civil y el administrativo frente a los tipos más graves de conductas relacionadas con los fraudes en este ámbito, evitando al mismo tiempo incompatibilidades tanto dentro de estas ramas del Derecho como entre ellas.

Conforme a los artículos 3 y 4 de la Directiva los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar, en el ámbito de los intereses financieros de la Unión (que no hace referencia solo a la gestión de los créditos presupuestarios, sino que abarca todas las medidas que afecten o puedan afectar negativamente a sus activos y a los de los Estados miembros en la medida en que éstas guarden relación con las políticas de la Unión) que (i) el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión constituye una infracción penal cuando se cometan intencionadamente; (ii) que sea constitutivo de infracción penal el blanqueo de capitales del producto de las infracciones penales mencionadas en la Directiva; (iii) que la corrupción activa y pasiva, cuando se cometan intencionalmente, constituyan infracciones penales; y (iv) que la malversación, cuando se cometa intencionadamente, constituya una infracción penal.

La Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, entrará en vigor el próximo 18 de agosto y su plazo de trasposición culmina el 6 de julio de 2019. Puedes acceder a la Directiva en este enlace.