En esta publicación de Economy&Jurist, el periodista Luisja Sánchez entrevista a diversos juristas sobre las intenciones del Gobierno de indultar a Griñán tras la sentencia condenatoria por malversación en los caudales públicos, que ha sido confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Uno de ellos es nuestro director Santiago Milans del Bosch.

Se adjunta el enlace: https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/legislacion/el-posible-indulto-a-grinan-reabre-el-debate-sobre-la-necesidad-de-reformar-la-ley-que-data-de-1870/

(artículo publicado por Santiago Milans del Bosch en https://juntosporlaabogacia.es/dignificar-la-profesion-de-abogado/ el 7 de noviembre de 2022, día en que se presenta a los medios la candidatura JUNTOS POR LA ABOGACÍA, encabezada por Miguel Durán y Jesús Angel Rojo, para concurrir a las elecciones al ICAM el próximo 20 de diciembre).

No. Los Abogados no somos los enemigos de los jueces ni nos dedicamos a poner trabas caprichosas (entiéndase: recursos) que dificulten “dejar resuelto un caso” y “a por el siguiente”, de los muchos que esperan en el montón de asuntos pendientes o que están en la mesa del juez para resolver lo que proceda.

Sin abogado no hay justicia posible. No hay sentencia justa efectiva sin demanda previa, sin defensa, sin recursos contra decisiones injustas…

Creo que no es difícil de entenderlo. Es el abogado quien configura cómo puede materializarse, en el marco de la ley y la justicia, el derecho respecto al caso cuya defensa tiene asumida. No nos quejamos de nuestro trabajo ni publicitamos las miles de horas dedicadas al estudio de estrategia, de pruebas disponibles y de argumentos sobre el fondo. También son igualmente miles las satisfacciones -y los correlativos sinsabores- que produce el ejercicio de la abogacía.

Con este marco, en el estado de derecho y por la importancia de la función social de la abogacía, el ICAM ha defender la dignidad de esta noble profesión y la de los abogados que tantas veces sufren, por el mero hecho de defender o representar a su patrocinado, vejaciones -no ya meras incomprensiones- o malas atenciones -incluso provenientes de los órganos judiciales- por ser considerados, aunque no lo digan, “un incordio en la tranquilidad del juzgado o tribunal y en la marcha sin oposición de la apisonadora judicial” muchas veces víctima de la presión mediática que sin escrúpulo alguno descalifican, sin juicio previo, la posición y el papel de una parte “y de su dirección letrada”.

No. Una cosa es la autoridad judicial, el papel que les corresponde en la dirección de los debates y en la resolución de los conflictos, y otra la falta de respeto y el abuso de autoridad que, por minoritario que sea, no deben jamás producirse.

En JUNTOS POR LA ABOGACÍA lo tenemos claro: haremos que el ICAM defienda, en las instancias que procedan, al compañero “maltratado” por su labor profesional, que por no perjudicar a su cliente “traga” y no denuncia estos comportamientos. Si sale ganadora esta candidatura y Miguel Durán es el nuevo decano, el Colegio se posicionará siempre en defensa de la dignidad de la profesión.

El despacho MILANS DEL BOSCH & ITL, ABOGADOS y ASESORES TRIBUTARIOS comunica que SANTIAGO MILANS DEL BOSCH Y JORDÁN DE URRIES, uno de nuestros directores, se presenta a las próximas elecciones para el Decanato del COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE MADRID, que tendrán lugar el próximo 20 de diciembre de 2022, en la lista encabezada por Miguel Durán y Jesús Angel Rojo.

El deterioro de la profesión, de su falta de representación institucional en órganos constitucionales y en estamentos sociales en los que mucho tiene que aportar, el indigno trato (no sólo retributivo) a los abogados que ejemplarmente ejercen en el Turno de Oficio, las injerencias políticas en órganos y nombramientos directamente relacionados con el Poder Judicial y los actores ante la Administración de Justicia, la falta de amparo colegial en los abogados, etc, etc, le ha empujado a presentarse para que, desde la nueva Junta, si dicha candidatura sale elegida, pueda, desde su experiencia, aportar y prestar, con el resto de integrantes del equipo, un servicio a la sociedad y a los colegiados y, de esta manera, contribuir a que el estado de derecho, el derecho de defensa y la Administración de Justicia sean lo más eficaces posibles, sobre todo en estos tiempos difíciles que se nos avecinan, que requiere la presencia de una Corporación (formada por más de 77.000 abogados ejercientes) y de unos profesionales que no tengan ninguna limitación en su importante papel para garantizar el respeto, la defensa y la promoción de los derechos fundamentales y del estado de derecho, garantía de la convivencia social y de la justicia.

Se adjunta link de la noticia en EL DISTRITO.

Desde el despacho MILANS DEL BOSCH & ITL estamos comprometidos con la dignidad de las víctimas del terrorismo y su derecho a saber “quién y por qué” perpetraron los asesinatos que acabaron con la vida de tantos ciudadanos simplemente porque entraban en el plan de la dirección política de ETA liquidarlos para sembrar de terror a la sociedad y así doblegar al Estado y a las instituciones ante las pretensiones de independencia y socialismo para una parte del territorio de España. Muchos de estos asesinatos “se han olvidado” investigarlos y, con el paso del tiempo, se han acordado prescritos lo delitos o, simplemente sobreseídos, por falta de prueba. No es el caso del asesinato del concejal del Ayuntamiento de Rentería, Manuel Zamarreño, cargo en el que llevaba 34 días sustituyendo al también asesinado por ETA José Luis Caso, asesinado el 25 de junio de 1988 a los 43 años, respecto del que la Audiencia Nacional ha dictado el pasado 21 de septiembre de 2022 auto de apertura de juicio oral contra Javier García Gaztelu (“Txapote”) e Irantzu Gallastegui Sodupe.  Como dice su hija Naiara, en cuyo nombre estamos personados: “ya es hora de que se haga justicia, mi aita se lo merece, fue un crimen tan cruel…”

Las bases de una convocatoria (en el caso: un concurso de traslado entre funcionarios) no pueden alterarse, una vez publicadas; y tampoco establecerse por la propia Administración convocante nuevos requisitos a los pocos dias de su resolución a fin de excluir a un participante del proceso selectivo o de traslado. Así lo recuerda la interesante sentencia nº 360/2022, de 11 de julio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid en un proceso en el que ha intervenido este despacho en defensa de la recurrente, que impugnó la resolución de la Viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid que el un concurso de traslados específicos convocado para la provisión de plaza de Jefe de Sección de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid, que la excluyó del proceso porque a pesar de ser Medico Forense especialista en Psiquiatría (trabajando en dicha condición durante más de 10 años) su procedencia era del extinto cuerpo de Médicos del Registro Civil. La recurrente reunía a todas las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria. Pero tras su publicación, antes de la resolución del concurso específico, se puso en funcionamiento el IML y CF, que depende de la misma Consejería que había convocado el concurso el año anterior, lo que provocó su exclusión del proceso por no haber realizado en 1993 un curso de capacitación para que los médicos de RC se integraran plenamente en el de MF con posibilidad de ocupar plazas ajenas al RC, como ella llevaba prestando desde 1996 ante los órganos judiciales. La sentencia recoge que la actuación administrativa sometida a enjuiciamiento responde a una “especie de castigo” por no hacer el curso (pese a que la Administración se ha aprovechado de su cualificada capacitación durante muchos años) pues, una vez publicadas las bases, la Comunidad de Madrid había cambiado las reglas del juego durante la tramitación del concurso incurriendo en “una clara arbitrariedad y una clara desviación de poder” y condena a la Administración a que efectúe la valoración de los méritos de la recurrente para la plaza a la que aspiraba.

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