La corrupción pública constituye una de las formas más graves de degradación institucional del Estado de Derecho. No se trata únicamente de delincuencia económica ni de un simple ataque al patrimonio público. Su verdadera dimensión es política, moral y constitucional. Cuando quien delinque es un alto cargo de la Administración, un ministro, un presidente autonómico, un alcalde o un funcionario investido de autoridad, el daño excede con mucho del perjuicio económico concreto: se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, se quebranta el principio de igualdad y se destruye el fundamento ético sobre el que descansa la convivencia.
El 25 de mayo de 2026 se publica en la plataforma jurídica LawandTrends un artículo de nuestro codirector Santiago Milans del Bosch, cuyo contenido puede leer pinchando en el siguiente enlace:
