El Guardia Civil Antonio Ramírez , de 24 años y su novia Hortensia González, de 20, fueron ametrallados en Beasain cuando salían de una sala de fiestas la noche de Reyes. A los dos meses de cometerse el doble crimen, el sumario fue sobreseido por ‘falta de autor conocido’ y nunca más se volvió a investigar.

A principios del año 2016, la Fundación Villacisneros, entidad privada comprometida con el apoyo a las víctimas del terrorismo, decidió poner en marcha el ‘Proyecto Dignidad’, una iniciativa cuyo principal objetivo es contribuir a que se respete y se proteja la memoria de las víctimas y ayudar a que obtengan la justicia que merecen. Tras analizar los datos de los más de 300 asesinatos cometidos por ETA que se encuentran sin resolver, a partir de investigaciones realizadas por COVITE, la AVT y la Fundación de Víctimas del Terrorismo, así como por la propia Audiencia Nacional, la Fundación Villacisneros consideró que era necesario trabajar para que no quedasen impunes por lo que firmó un convenio con el despacho jurídico Milans del Bosch Abogados para iniciar un largo proceso de petición de reaperturas de sumarios sobreseídos “por falta de autor conocido”, tanto declarados prescritos como no declarados prescritos.

El 12 de octubre de 2016, el despacho Milans del Bosch presentó ante el juez el primero de los escritos de solicitud de reapertura fruto de esta iniciativa. Se trata del sumario del asesinato de la joven Hortensia González cometido hace ya 38 años, personándose como acusación particular en nombre de su hermana Aurora González. En el escrito se argumentó que el terrorismo es un delito internacional, que como tal es imprescriptible y que el Estado tiene la obligación de investigar ya que las víctimas tienen el derecho a la tutela judicial efectiva de los tribunales de justicia ante los delitos más graves del derecho internacional.

En el escrito también se señala que el artículo 96.1 de la Constitución determina que las resoluciones internacionales en las que España participe quedan automáticamente incorporadas a nuestro Derecho interno. Puesto que España ha firmado todos los convenios internacionales contra el terrorismo está obligada a cumplir sus preceptos. Igualmente, resalta que existe una norma de ius cogens en la sociedad internacional consistente en que el terrorismo y sus actos son de los más graves, atentan directamente contra la esencia del ser humano y su impunidad no es concebida por la costumbre internacional y cualquier formulación de menoscabar o cercenar ese bien jurídico, atenta directamente contra una norma imperativa internacional.

Para terminar, desde Milans del Bosch Abogados nos congratula poder recopilar las informaciones que los medios de comunicación han publicado haciéndose eco de la noticia, que sin duda representa una victoria para la sociedad:

Artículo en La Voz de Cádiz: “Gracias, Proyecto Dignidad. Carlos Herrera-El Burladero”

Es una gran noticia la que nos llega desde la Fiscalía que encarna Pedro Rubira y del juzgado que preside Ismael Moreno. Puede reabrirse la esperanza ante los casos de terrorismo de ETA vergonzosamente prescritos por esta laxa y acomplejada penalidad española que permite que un asesino deje de serlo simplemente por el paso del tiempo.

ABC ha informado acerca de «los novios de Cádiz», la pareja gaditana acribillada en Guipúzcoa durante aquellos años en los que el plomo era la ley y el silencio cobarde era, prácticamente, la única reacción.

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Artículo en ABC: “Contra la resignación. Hermann Tertsch”

Hay quienes aún no han entendido el alcance que puede tener la decisión de la Audiencia Nacional de reabrir el caso del asesinato de Antonio Ramírez y Hortensia González en Beasain el Día de Reyes de 1979. Lo cierto es que puede poner en marcha la investigación de centenares de casos de asesinatos de la banda terrorista ETA aún sin resolver.

Con los nuevos medios tecnológicos, cruces de sumarios jamás hechos y diligencias nunca practicadas hay posibilidades de aclarar casos e identificar autores materiales e intelectuales. Todo ello pese a unos sumarios de apenas cuatro o cinco folios cerrados a las pocas semanas de los hechos y perdidos en algún sótano, acumulando polvo y agravio.

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Artículo en Libertad Digital: “Reabren el asesinato etarra de los novios de Cádiz 38 años después”

La Fundación Villacisneros ha reaccionado contra la injusticia que supone el hecho de que, 38 años después, nadie haya identificado a los asesinos de Antonio Ramírez Gallardo y Hortensia González Ruiz. Se trata de un agente de la Guardia Civil y su novia, que perdieron la vida el 6 de enero de 1979 ametrallados por la banda terrorista ETA en el municipio guipuzcoano de Beasáin. Este colectivo, que cuenta con el apoyo de la exlíder del PP vasco María San Gil, entre otros, ha puesto en marcha el llamado Proyecto Dignidad para investigar hasta el final varios crímenes etarras que siguen sin resolverse después de décadas.

El proyecto ha dado sus primeros frutos, tal y como ha adelantado el diario ABC. En nombre de la hermana de Hortensia González, la fundación remitió un escrito al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional interesando la reapertura de su asesinato y el de Antonio, conocidos como «los novios de Cádiz». El magistrado recibió la petición el 12 de octubre de 2016 –en el 38º aniversario del ataque– y, con el visto bueno de la Fiscalía, ha retomado la instrucción. De primeras, ha ordenado a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y al Servicio de Información de la Guardia Civil que elaboren «un informe respecto a la autoría del ataque terrorista objeto de la investigación».

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Artículo en Canal Sur: “La Audiencia reabre el asesinato de «los novios de Cádiz» 38 años después”

En un auto, Moreno acuerda la reapertura de la causa a instancia de la Fiscalía y de la acusación particular ejercida por la hermana de la mujer que resultó asesinada. El atentado tuvo lugar el 6 de enero de 1979 en la calle Jardines de Beasain del municipio guipuzcoano, cuando el guardia civil Antonio Ramírez Gallardo y su novia Hortensia González fueron tiroteados mientras paseaban, lo que les causó la muerte.

La Fiscalía ha informado ahora a favor de la reapertura, alegando que es posible porque se desconoce si está prescrito el delito de integración en banda terrorista que se imputaría a los autores. El plazo de prescripción de ese delito, indica el fiscal, empieza a contar desde que el etarra en cuestión deja la banda y en este caso, al no saberse los autores, tampoco se puede saber si ha transcurrido el plazo o no.

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